Simplificación de la taxonomía de la UE: qué ha cambiado realmente con la ley ómnibus

En el panorama actual, tras el informe de Draghi, los debates sobre la revisión de la normativa de la UE parecen reducirse constantemente a una sola palabra: «simplificación». El mercado está inundado de listas de verificación genéricas sobre cumplimiento normativo y guías explicativas que intentan desglosar los intentos de la UE de «reducir la carga que supone el cumplimiento normativo». Y el proceso está lejos de haber concluido: el 1 de julio de 2026, las tres autoridades de supervisión financiera de Europa iniciaron una nueva ronda de consultas en la que se proponen otras 15 medidas de simplificación para la taxonomía, y el plazo para enviar comentarios finaliza el 12 de agosto.

Pero, ¿y si se nos ha pasado por alto lo realmente importante? La «simplificación» no consiste únicamente en reducir la burocracia. Aunque parezca contradictorio, puede que requiera un esfuerzo adicional por parte de todas las partes implicadas.

En Clarity AI hemos analizado el paquete ómnibus de sostenibilidad de la UE y el acto delegado de simplificación de la taxonomía de julio de 2025 para identificar qué ha cambiado realmente: plantillas de información más sencillas, una metodología revisada y cambios que podrían aumentar la alineación con la taxonomía en los informes presentados. Este artículo expone lo que esos cambios significan en la práctica para los inversores y las empresas.

¿Qué es el paquete ómnibus de la UE?

Propuesto por la Comisión Europea en febrero de 2025, el paquete «Omnibus» se diseñó para dar respuesta a las preocupaciones planteadas por los responsables políticos europeos , quienes consideraban que los primeros marcos de información sobre sostenibilidad suponían una carga operativa excesiva para los participantes en el mercado, tal y como analizamos cuando se presentó la propuesta por primera vez. 

La Comisión agrupó las modificaciones relativas a tres pilares de la normativa de la UE en materia de sostenibilidad: la Directiva sobre información de sostenibilidad de las empresas (CSRD), la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas (CSDDD) y la taxonomía de la UE. Estos tres elementos no avanzaron al mismo ritmo. 

Los cambios en la taxonomía se introdujeron en primer lugar, ya que las normas de divulgación podían modificarse mediante un acto delegado, una medida de la Comisión que elude el procedimiento legislativo ordinario de negociaciones entre el Consejo Europeo y el Parlamento. La Comisión adoptó un Reglamento Delegado modificativo el 4 de julio de 2025, mucho antes del acuerdo político más amplio que determinó el destino de la CSRD y la CSDDD. Las normas simplificadas de la taxonomía entraron oficialmente en vigor el 1 de enero de 2026, para la presentación de informes del ejercicio fiscal 2025 (EF 2025).

La CSRD y la CSDDD siguieron la vía legislativa más lenta, alcanzando un acuerdo político más tarde, en 2025, pero dieron lugar a un cambio estructural de mayor envergadura: la obligación de presentar informes con arreglo a la CSRD se limitó a las empresas con más de 1 000 empleados y una cifra de negocios neta de 450 millones de euros, lo que redujo el número total de empresas obligadas a presentar informes en un 80 % en toda la Unión, aunque partiendo de una base de referencia más elevada. 

Estas dos líneas de actuación convergen en la taxonomía. En virtud del artículo 8 del Reglamento sobre la taxonomía, la obligación de presentar informes sobre la taxonomía se aplica directamente a las entidades sujetas a las obligaciones de divulgación de la CSRD: empresas no financieras, entidades de crédito, gestores de activos, aseguradoras y empresas de inversión. Por lo tanto, un grupo más reducido de entidades sujetas a la CSRD debería, en teoría, traducirse también en un menor número de entidades obligadas a presentar informes sobre la taxonomía. En la práctica, no es tan sencillo, como muestran las cifras que figuran a continuación.

¿Qué cambios se han introducido en la taxonomía de la UE con la Directiva Ómnibus?

Como parte de una iniciativa más amplia de simplificación de la normativa europea, la reforma introduce los siguientes cambios para las entidades que siguen estando sujetas a su ámbito de aplicación:

Ámbito de aplicación de la taxonomía de la UE: quiénes deben presentar informes actualmente

La reducción del 80 % que se destaca en los titulares se calcula en comparación con el grupo mucho más amplio al que habrían abarcado las normas originales. De haberse mantenido sin cambios, la CSRD habría acabado por incluir a unas 50 000 empresas en la presentación de informes sobre sostenibilidad y, por lo tanto, en la taxonomía. La ley ómnibus excluye a la mayoría de ellas. Solo las empresas que cumplan ambos umbrales —más de 1 000 empleados y una facturación neta superior a 450 millones de euros— permanecen obligatoriamente dentro del ámbito de aplicación.

Para las entidades financieras, esto tiene dos vertientes. En comparación con las empresas que presentan informes en la actualidad, el alcance de la taxonomía se ha ampliado de unas 2.500 a 3.000 empresas en el marco de la NFRD, la directiva anterior a la que sustituyó la CSRD. Incluso tras la entrada en vigor de la Directiva Ómnibus, el nuevo régimen amplió ese conjunto a entre 7.700 y 13.700 grandes empresas, lo que supone un aumento de aproximadamente 4,3 veces, que se introducirá gradualmente a lo largo de los ejercicios financieros de 2024 a 2028. Las que quedan son los emisores más grandes, que dominan la mayor parte de las carteras por peso; los datos obligatorios de la Taxonomía siguen cubriendo la mayor parte del capital invertido, aunque el número de entidades que presentan informes se reduzca. La contrapartida es la «cola larga»: las participaciones más pequeñas quedan totalmente fuera del ámbito de aplicación, lo que deja un vacío de datos que habrá que cubrir con información voluntaria o estimaciones.

Plantillas de información sobre la taxonomía de la UE: qué se ha simplificado

Se han simplificado los formatos de presentación de informes en todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación. Se han eliminado las plantillas independientes para las actividades relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear (Anexo XII) y se han integrado en tablas resumen estándar, lo que ha permitido reducir el número de celdas objeto de informe de 166 a cuatro por indicador clave de rendimiento (KPI). 

En general, el número de datos resumidos exigidos se reduce en un 64 % para las empresas no financieras y en un 89 % para las entidades de crédito. Para facilitar la transición, las entidades también pueden seguir utilizando las plantillas antiguas durante el ciclo de presentación de informes de 2026 (que abarca el ejercicio fiscal de 2025) mientras se adaptan a las nuevas.

Importancia relativa y exención «de minimis»: qué queda exento

Las reformas también introducen una mayor flexibilidad mediante un nuevo umbral de materialidad del 10 %. Las entidades pueden omitir la evaluación de las actividades económicas o los activos a efectos de su elegibilidad y alineación con la taxonomía si dichas actividades representan, en conjunto, menos del 10 % del valor total de los indicadores clave de rendimiento (KPI). 

Las empresas no financieras pueden omitir por completo el indicador clave de rendimiento (KPI) de gastos operativos si dichos gastos no son significativos para su modelo de negocio.

Por qué están aumentando los índices de alineación con la taxonomía de la UE

Aquí es donde la simplificación resulta contraintuitiva: aunque las simplificaciones en el diseño reducen el trabajo administrativo, los cambios metodológicos alteran el cálculo matemático subyacente. 

Tomemos, por ejemplo, el cálculo habitual del «índice de inversión verde» de una gestora de activos. Para ellas, la alineación con la taxonomía consiste, básicamente, en dividir sus activos verdes alineados entre una cifra de referencia (el denominador):

Según las normas anteriores, el denominador era el patrimonio gestionado por la entidad, excluyéndose únicamente las exposiciones soberanas. Sin embargo, según las normas simplificadas, solo se tienen en cuenta los emisores sujetos a la CSRD, las empresas que presentan información de forma voluntaria y los instrumentos con destino específico de los fondos recaudados, como los bonos sostenibles. Todo lo demás queda fuera del nuevo denominador, a saber:

• Exposiciones frente a contrapartes no sujetas a la CSRD
• Clases de activos no valorizables, como los derivados, el efectivo, los equivalentes de efectivo, el fondo de comercio, las materias primas y las exposiciones soberanas

Al tener una base más reducida por la que dividir, los mismos activos verdes subyacentes se traducen en un porcentaje de alineación significativamente mayor:

Esto supone una disyuntiva importante. Si bien las simplificaciones pueden facilitar la presentación de informes, los indicadores clave de rendimiento (KPI) ya no son comparables a lo largo del tiempo, y es posible que tampoco lo sean entre empresas dentro de un mismo año, si estas utilizan metodologías diferentes. 

Dado que las entidades pueden elegir cuándo realizar la transición (utilizando las plantillas antiguas o las nuevas a lo largo de 2026) y cómo calcular sus indicadores (por ejemplo, aplicando inclusiones voluntarias en el numerador o la exención temporal), los participantes en los mercados financieros se enfrentan a una falta de comparabilidad temporal. 

No obstante, esta diferencia se puede gestionar si las empresas adoptan dos medidas: reexpresar las cifras de años anteriores según los nuevos criterios para mantener una tendencia comparable, y confirmar qué metodología ha utilizado cada empresa antes de realizar cualquier comparación entre ellas.

¿Qué nos depara el futuro en materia de información sobre la taxonomía de la UE?

El proceso de simplificación no es algo puntual. Las autoridades reguladoras siguen perfeccionando el marco normativo, y cada cambio modifica el cálculo subyacente, por lo que la actualidad de una cifra publicada depende de la actualidad de la metodología en la que se basa. Quedarse rezagado significa presentar información basada en datos obsoletos. 

Hemos rediseñado nuestra solución de taxonomía de la UE para adaptarla a la nueva normativa: campos de datos y métricas ajustados a la Directiva Ómnibus, cálculos del índice de inversión verde con el denominador revisado y plantillas actualizadas para la presentación de informes del artículo 8, ya cumplimentadas y disponibles para su descarga. 

Nuestros especialistas en normativa revisan cada borrador a medida que avanza hacia su aprobación y consultan con los clientes para coordinar su aplicación. Nos basamos en ambos aspectos, por lo que la solución está lista antes de que comience el ciclo de presentación de informes, lo que permite a las empresas disponer de tiempo suficiente para prepararse.

La simplificación no solo afecta al volumen de información que hay que presentar, sino que también cambia la forma en que se mide e interpreta el desempeño en materia de sostenibilidad. A medida que las metodologías evolucionan, la capacidad de generar indicadores de taxonomía precisos y comparables es tan importante como la propia reducción de la carga que supone la presentación de informes.